¿Inexplicable? Faltan 100.000 viviendas donde sobran 600.000.

  • La «tasación» normalmente se limita a conocer los precios medios del momento, sin ningún criterio racional basado en costes reales.
  • El gobierno apoya la especulación en vez de construir viviendas para cumplir un precepto constitucional

Dejémonos de engañar al personal. Hacer viviendas no es avanzar, ni mejorar la economía, ni levantar un país. Y, en este momento, tampoco sirve para resolver el problema de las más de cien mil familias necesitadas de una vivienda en Andalucía. La llamada “crisis” de 2008 dejó más de medio millón de viviendas vacías o en construcción. Las vacías no se ocupan porque no hay quien pueda pagar los desorbitados precios impuestos por promotoras e inmobiliarias. Y las que se venden, dónde se venden, no están pensadas para resolver problema alguno, sino tan sólo para redondear un negocio mantenido por millonarios para su disfrute personal o por fondos buitre y SOCIMIs encerrados en el error de pensar que con su posesión podrán forzar nuevas subidas de precios en un futuro cercano, aunque nada más pueden conseguir echar a la gente de su casa en los centros históricos de la ciudades, para dejarlos reducidos a escenarios vacíos y, como mucho, refugio de vociferantes visitantes de mochila.

La otra cara de la moneda –o la misma- son las empresas promotoras, constructoras, inmobiliarias, portales de internet y todo/a “respetable” especulador/ chico ó grande: unos fijan precios a su conveniencia y, tal como prometieron BBVA y Santander, están dispuestos a elevar más de un 25% el precio de los alquileres para beneficiar a los accionistas de sus “Socimi”. Otros, lo más, miran lo que cobra el vecino porque si no lo superan, o cuando menos lo igualan, se sienten  como disminuidos. Se creen tontos. Y de remate están, pero no tontos. Vaya “tontería” sacarle el máximo provecho al alquiler, o sea, a las costillas de quien tiene menos. El alquiler ha dejado de ser una ayuda en el presupuesto del arrendador, para pasar a ingreso de primera magnitud. En muchos casos a primer ingreso, a vivir a costa de quien tiene menos. Con razón han crecido los desahucios; pero no porque el arrendatario sea un “moroso redomado” y mucho menos voluntario. A lo sumo se hacen cuentas equivocadas, movidas por la necesidad de vivir bajo techo; pero las buenas intenciones se desmoronan cuando el salario percibido no alcanza a cubrir necesidades. Hasta hace no mucho, el máximo porcentaje destinado a sufragar la vivienda estaba por debajo del 20%, elevado al 30% hace menos. Se ha disparado de forma ostensible y vergonzosa, para que sólo puedan habitar bajo techo aquellos cuyos ingresos superen los dos mil euros mensuales. Y las familias que creen poder hacer un esfuerzo para pagar la abultada cifra exigida por la especulación, pronto salen de su error: cuando acaban en el Juzgado. Esto no es la “ley de la oferta y la demanda” es la de “a más demanda mayor negocio y precios más altos”. Es la ley del más fuerte.

Fomentado por el propio gobierno con leyes a favor de los propietarios-especuladores, los de “como no pueden comprar, tienen que alquilar” aupados sobre la dificultad ajena, suben por encima del importe mensual de la hipoteca que ha puesto a la familia en la calle por la dificultad para estirar el sueldo. “Que se aguanten” habrá pensado cierta diputada, pero con una expresión “algo” más soez. Lamentable que ese sea todo el esfuerzo por sus administrados, de gobierno, Parlamento y ayuntamientos. Delirante y vergonzoso, pero mucho más grave aún cuando la especulación viene de la propia Administración. Nos timan con algo llamado “tasación”, porque el principal elemento de referencia son “los precios imperantes en el momento”, precios impuestos por la usura especulativa, no por ninguna regla lógica, ni justa, ni de regulación del beneficio.

Lo peor es la participación de las administraciones en esa política. Los pocos ayuntamientos que hacen viviendas tampoco piensan en los necesitados a quienes, aparte de someterlos a la humillación del sorteo, se les ofrecen a precios muy cercanos a los privados. La diferencia en la empresa del Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, no es superior al 5%, todo lo más del 10% en referencia a algunos de los que se obliga a la gente en el sector privado. Pero siempre se puede dar el “do de pecho”: es el caso de sus “precios de referencia del alquiler”, elaborado hace unos días. Referencia no a las necesidades ni a los ingresos de las familias –que deberán demostrar que sus ingresos le permiten pagar el alquiler impuesto- sino a la codicia de los arrendadores. Lo último, llamar “soluciones habitacionales colaborativas” a ocupar una habitación con baño, con cocina y lavandería colectiva, pagada aparte, por la “módica” cifra de entre 300y 600 euros al mes. La Administración tiene la obligación de intervenir a favor de los más necesitados, nunca en mejorar el beneficio empresarial; jamás en el abandono de su deber de control con que llevar los precios al nivel de lo asequible. Es un mandato constitucional. Uno de los olvidados, por supuesto. Pues la constitución se compone de 167artículos. Quede claro que no puede ser “constitucionalista” quien sólo defiende el 155. No hay la menor racionalidad en tomar como referencia unos precios inflados por la usura, por la codicia, por el egoísmo de la especulación, del ganar más a costa de lo que sea. El ejemplo de Sevilla es sólo uno. Hay otros que ni siquiera se molestan en construir, sólo en permitir que las multinacionales dejen vacías sus ciudades.

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